Vamos Todavia!

Sigue una depuración del texto de Carta Abierta 15

No es a menudo que surge esta idea de fuerte raigambre en todas las épocas, recordable en las grandes jornadas libertarias del siglo XIX en Latinoamérica y Europa, que es parte de un llamado urgente y a la vez de una inevitable vocación de activismo. Un puñado de grandes empresas (Cargill, Noble Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Vicentín, Aceitera General Deheza, Nidera y Toepfer) que exporta más del 90 por ciento del grano, aceite y harina de soja argentinos, histórica base de la riqueza y la producción del país, ha organizado un cepo financiero sobre el Gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país, como la devaluación, más allá de que, en el momento de jaque final, el propio Gobierno haya dejado correr esa presión asfixiante del mercado exportador para poder retomar la iniciativa a partir de una devaluación no deseada. Es grave. No es un simple episodio más de la historia económica nacional. Las grandes organizaciones agropecuarias tienen todas fuertes vínculos internacionales, financieros, comunicacionales y siempre están dotadas para producir el espejismo de que sus intereses coinciden con los de una gran parte de las desconcertadas clases medias argentinas.

Depuración

Este llamado urgente al activismo no surge con frecuencia, aunque está latente en Latinoamérica y en Europa desde el siglo XIX. Algunas grandes empresas, exportadoras del 90% de la soja y sus derivados, principal producción y generadora de riqueza del país, han obligado al gobierno a devaluar, medida comprometedora para el futuro del país. Las autoridades han cedido ante esta presión para poder retomar la iniciativa. Este hecho es grave y destacable en la historia económica nacional. Las organizaciones agropecuarias tienen vínculos internacionales, financieros y comunicacionales, y son capaces de convencer de que sus intereses coinciden con la mayoría de la desconcertada clase media argentina.

 

Lo cierto es que han conseguido forzar e imponer una depreciación del peso no querida por el Gobierno ni conveniente para las mayorías populares, y tienen la estrategia de profundizarla a niveles sustancialmente mayores. Hay que reconocerlo y, en un momento particularmente dramático, reponer nuestras fuerzas y dignidad para la lucha, pues esto exigirá grandes esfuerzos para que la devaluación no recaiga en los amplios estratos de las clases populares, históricamente las más perjudicadas con este tipo de medidas. La defensa de los “precios cuidados” es en ese sentido una tarea primordial. Suele verse exageración o grandilocuencia cuando se denuncia que esta situación incita a la desestabilización política, pero lo cierto es que aunque esto pueda no estar en la táctica inmediata de los grandes grupos amparados en las nuevas tecnologías de la globalización, en una sociedad castigada y temerosa, el resultado de sus acciones puede ser imprevisible. Estos sectores provienen de los primeros tiempos de la organización nacional argentina, momentos en que se configuraron como una oligarquía dócil a la división internacional del trabajo, aunque en su seno no dejó de haber impulsos proteccionistas y una apuesta a ciertos modos de intervencionismo estatal en el mercado de granos y carnes, justamente en la época del conservadurismo previa a la irrupción del peronismo y en el contexto de la gran crisis.

Depuración

Estas empresas han conseguido imponer la depreciación del peso, no querida por el gobierno ni conveniente para la mayoría de la población, y tienen como objetivo una depreciación mayor. Debemos reconocer este hecho dramático y reponer fuerzas y dignidad en la defensa de los precios cuidados, para que los efectos de la devaluación no recaigan en la mayoría de la población, que es históricamente la más perjudicada por esta medida. Aunque se califique como exagerada nuestra denuncia de desestabilización política, y aunque ésta no sea un objetivo táctico inmediato de los grandes grupos globales, el accionar de estos grupos puede tener consecuencias imprevisibles en una sociedad castigada y temerosa. Ellos  constituyeron la oligarquía favorable a la división internacional del trabajo presente desde los comienzos de la organización de la nación, aunque tuvieron en su seno corrientes proteccionistas y de intervencionismo estatal en el mercado de granos y carnes en la época conservadora previa al peronismo, en el contexto de la gran crisis.

 

Viejos y nuevos grupos, siempre pocos, ahora de mayor espesor y concentración de su economía y específica relación con las políticas vinculadas a las potencias mundiales de esta etapa histórica de la modernidad, asedian al gobierno popular encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tomó medidas de gran significación para democratizar la sociedad avanzando en la inclusión, la ampliación de derechos y la redistribución de la renta nacional a favor de las mayorías nacionales, tanto de las clases medias como de los sectores más carenciados. Ese asedio es posible porque están pendientes de cerrar los amplios márgenes de maniobra que aún conservan estos grupos monopólicos. Ahora, con nuevas tecnologías de siembra y amparados en grandes fábricas de semillas transgénicas –cuyo uso y regulación debe ser parte de un amplio debate– han reorganizado socialmente el campo de la producción agropecuaria, con trazados tan novedosos que los viejos productores y arrendatarios (de antiguo cuño genuinamente productivo) han decidido asociarse a los horizontes construidos con la expansión de la frontera productiva de la soja, cambiando el perfil de las relaciones económicas y de clases sociales. El modo de propiedad, que para muchos significó hace un siglo protestar contra los latifundios, hoy se expresa en una privatización facciosa de la renta agraria, basada en la hipótesis magna del rechazo ciego a las necesarias intervenciones estatales, como poder público democrático representante de la nación y su equilibrio de intereses a favor de la población más desfavorecida e históricamente castigada por ajustes y teorías sobre las restricciones salariales, como variables compensatorias que tributan al imperio del capitalismo globalizado. Estos actores, concentrados fundamentalmente en la Pampa Húmeda, se apropiaron de manera excluyente de la denominación “campo”, mientras la mayoría de los campesinos del país situados en otras regiones resisten, porque los amenaza y perjudica, el modelo agrario que aquellos instalaron y cuya intensificación predican.

Depuración

Estos pocos grupos viejos y nuevos, de gran tamaño y vinculados a las potencias mundiales actuales, asedian al gobierno encabezado por CFK, quien tomó medidas democratizadoras importantes para la inclusión de las clases medias y pobres. Este asedio es posible gracias a los amplios márgenes de maniobra que estos grupos aún conservan. Ahora, con nuevas tecnologías de siembra y apoyados por grandes fabricas de semillas trangénicas –cuya regulación deberia debatirse-, han reorganizado la producción agropecuaria con trazados novedosos que han llevado a los genuinos antiguos productores y arrendatarios a asociarse en la expansión de la frontera de producción de la soja, mutando las relaciones económicas y de clases sociales. La propiedad, que hace un siglo era una protesta contra los latifundios, se ha convertido en la privatización de la renta agraria, rechazando las intervenciones necesarias del poder público para el equilibrio de intereses a favor de la parte de la población que ha sido castigada con ajustes y restricciones salariales, variables compensatorias del capitalismo globalizado. Estos actores, presentes en la Pampa Húmeda, se han apropiado de la denominación « campo », mientras la mayoría de los campesinos de otras regiones resisten el modelo agrario que estos grupos predican y quieren profundizar, porque los perjudica.

 

Es necesario recrear la imaginación histórica de una cadena de acontecimientos que tienen que contar nuevamente con gran apoyo popular. Quienes se sintieron alguna vez llamados por un conjunto de decisiones gubernamentales, cuyos grados de imperfección o de error están y deben estar en discusión, pero que tuvieron clara vocación de autonomía y soberanía nacional y social, y asimismo de justicia emancipatoria en todos los ámbitos de la vida económica, pública y cotidiana, deben nuevamente realizar un examen de su vocación política. Nos esperanza que el resultado de ese examen, hecho por hombres y mujeres que apoyan al Gobierno, o que lo apoyaron y se sienten desencantados, o que se guían por trazados políticos que pueden ser secundarios si las cuestiones en juego son mayores (por eso, socialistas, autonomistas, liberales, nacionalistas, radicales, peronistas, izquierdistas, republicanos, son destinatarios de esta interpelación), los haga ser quienes piensen las grandes disyuntivas sociales, sin la neblinosa cortina de cenizas que imparten los magnos catecismos de la piqueta del demoledor o la pala del enterrador. Una gran restauración del viejo país oligárquico está pronta a mostrar sus dientes de hierro, lo que serían sus herramientas de ajuste, que pretenden que, en una transición aleccionadora se empleen como prólogo, por un gobierno que supo tener consecuencia en políticas opuestas a esa lógica antipopular. Vienen con su populismo de turno, sus escribidores de estación, sus periodistas de cosecha unánime, aunque quizá sin sus juntas reguladoras del comercio exterior, como sus antepasados, sin embargo, supieron constituir.

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Es necesario retomar la iniciativa histórica con apoyo popular. Deben reevaluar su vocación política aquellos que estuvieron de acuerdo con un conjunto de decisiones del gobierno con vocación de autonomía, soberanía y justicia emancipatoria en todos los ámbitos, si bien pueda discutirse errores o imperfecciones. Esperamos que estos hombres y mujeres que apoyan o han apoyado el Gobierno, o aquellos que pueden dejar de lado su preferencia política cuando se juegan cuestiones mayores, piensen en las grandes disyuntivas sociales sin espíritu destructivo. Se procura restablecer al viejo país oligárquico a través del ajuste, como transición contra un gobierno de lógica popular. Lo hacen con sus populistas oportunistas, sus escritores y periodistas, aunque sin juntas reguladoras del comercio exterior como supieron constituir sus antepasados.

 

Un nuevo estilo movilizatorio, una confluencia de fuerzas grupales e individuales, nuevas ideas para la defensa de lo valioso que significa esta experiencia, que no es una falsía, aunque pueda estar rodeada de grandes descuidos, es lo que se reclama. Este proceso transformador, conducido por Néstor y Cristina Kirchner, ha sido una recreación de las militancias y el fervor público nacional, ancladas en una larga memoria popular que no tiene propietarios, con ritualismos tal vez que no por repetitivos dejaron de acompañar los procesos populares. El proyecto que se ensayó esta vez, amplio, democrático y plural, posee una necesaria juventud que ningún momento histórico debe rechazar, aunque sí emplazar dentro de vastas alianzas sociales, hoy mermadas. Ahora debemos sentirnos a las puertas de una nueva movilización, preparada con responsabilidad y pasos precisos que ramifiquen el llamado. Los temas cruciales que laten en las bocas y corazones podrán convertirse en nuevos cánticos, deberán tornarse motivo de interés masivo por medidas y cambios institucionales trascendentes y necesarios desde hace tiempo, para avanzar en mecanismos que establezcan el manejo estatal del comercio exterior. Nuestro país ha visto cíclicamente amenazados, boicoteados y truncados proyectos de desarrollo nacional autónomo por la restricción externa, es decir, por la insuficiencia de divisas. Estas son el recurso clave para la continuidad y profundización de dinámicas progresivas. Por lo tanto resulta indispensable sustraer la disposición sobre éstas del chantaje monopólico y garantizar su control gubernamental. Será necesario avanzar en la creación de las instituciones que lo hagan posible, lo que implinámicas progresivas. Por lo tanto resulta indispensable sustraer la disposición sobre éstas del chantaje monopólico y garantizar su control gubernamental. Será necesario avanzar en la creación de las instituciones que lo hagan posible, lo que implicará una disputa de intereses que no ahorrará conflictos, razón por la que se impone generar un movimiento de opinión y la movilización social (como ocurrió con la Ley de Medios Audiovisuales) que acompañe la consecución de ese objetivo auténticamente democrático. La soberanía en la disposición de las divisas requerirá avanzar en otras áreas para reforzar o establecer el control estatal y social (por ejemplo, a los puertos privados), mayores regulaciones al capital especulativo y al sistema financiero, especialmente a la banca de propiedad extranjera, entre tantas. Estos objetivos no pueden ser otra cosa que las banderas de un patriotismo constitucional y social, que vea las acechanzas y dificultades y no se atemorice cuando deba salir al espacio público para señalarlas y conjurarlas.

Depuración

Reclamamos un nuevo estilo de mobilización, uniendo fuerzas grupales e individuales, y nuevas ideas para defender los valores de esta experiencia que es valiosa aunque tenga desprolijidades. Este proceso transformador de Nestor y Cristina Kirchner, ha recreado la militancia y el fervor público basado en la memoria colectiva sin propietarios, con ritos repetitivos que siempre han acompañado los procesos populares. El proyecto que se intentó, amplio, democrático y plural, incluye necesariamente a la juventud, que acompaña los grandes momentos históricos, aunque inserta en alianzas sociales que hoy son débiles. Debemos sentir el comienzo de una nueva mobilización, preparada con responsabilidad y con pasos que propaguen el llamado. Los asuntos presentes en bocas y corazones se convertirán en nuevos cánticos, y en un reclamo masivo por medidas institucionales transcendentes y necesarias desde hace tiempo, para establecer el manejo estatal del comercio exterior. Los proyectos de desarrollo autónomo de nuestro país han sido muchas veces amenazados e impedidos por la falta de dólares. Estos son el recurso necesario para continuar y profundizar políticas de redistribución. Por ello es indispensable quitarle el manejo de las divisas a los monopolios y darle el control al gobierno. Es necesario crear las instuticiones que lo permitan, lo cual generará conflictos, por lo cual es necesario generar una opinión y movilización social (como con la Ley de Medios Audiovisuales) que sustenten la realización de ese objetivo democrático. El control estatal de las divisas requerirá reforzar el control estatal y social en otras áreas, por ejemplo, los puertos, regulaciones restrictivas del capital especulativo y del mercado financiero, especialmente a los bancos extranjeros, entre otros. Estos objetivos están basados en el patriotismo constitucional y social, consciente de las amenazas y dificultades y dispuesto a manifestar para señalarlas y combatirlas.

 

En este momento de agudo peligro para las esperanzas y el futuro de millones de compatriotas, sentimos la necesidad de este llamado que recoge los ecos de muchas de las luchas encarnadas por variadas tradiciones políticas del país. Escuchemos todos, escuchémonos a tiempo.

Depuración

En este momento de gran peligro para la esperanza y el futuro de millones de compatriotas, sentimos la necesidad de este llamado que es eco de las luchas anteriores. Escuchemos a tiempo.

Carta Abierta 15 - Comentarios

Sobre la forma

He leído el último texto de Carta Abierta (Carta Abierta 15). He hecho depuración del texto y una síntesis del comunicado, que se expone más abajo, ejercicios a los que me he visto obligado ante la imposibilidad de comprender lo esencial del texto con una simple lectura. El estilo entreverado (llamémosle gentilmente « barroco ») del mensaje obstruye fatalmente su claridad.

Puede suponerse que la eficacia no haya sido el objetivo central de los redactores. Tal vez para este grupo sea más importante entretener la ilusión de erudición, reforzando así su autodenominación de intelectuales. Si, como se ha dicho, la simpleza es la cortesía de los sabios, en fin, a estos intelectuales les cabe una de dos.

La complejidad de la redacción tal vez intente persuadir a jóvenes lectores, quienes son convocados a mobilizarse heroicamente, de que hay profundas corrientes de pensamiento, bibliotecas enteras, sustentando las hipótesis presentadas. Si bien las juventudes K pueden ser fácilmente impresionables –cualquier juventud de nuestro país es impresionable por alguien que haya leído, digamos, más de 5 libros enteros- me parece que este esfuerzo retórico es redundante. Los frecuentadores de plazas (hoy de patios) encontrarán mucho más convincentes los sueldos de puestos estatales, o subsidios, o cualquier otro estipendio del arca estatal, aún mutilados por el diezmo camporista, que cualquier arenga aunque provenga de este grupo de iluminados.

Otorgándoles el beneficio de la duda podría conjeturarse, también, que en la redacción han confluido arduos consensos, cuyos vectores resultantes no siempre unívocos pueden haber contribuido a la ambigüedad del texto. La evidencia parece no obstante indicar que es probable que estas personas lo hayan dado todo, y no sean capaces de escribir mejor. Es probable aún que estén satisfechas del resultado. Leyendo un reciente reportaje a Horacio González comprobé que la transcripción de su discurso oral coincide sorprendentemente con la prosa entreverada de Carta Abierta, lo cual valida ésta última hipótesis: este intelectual escribe tal como habla, lo cual no sería un problema si hablara claro.

Si me librara a mi cinismo, me inclinaría a pensar que la forma alambicada del texto pretende congraciarse con otra importante destinataria, o quizá la única. La Presidente de la Nación se considera una intelectual, y está dotada a su vez de la aterradora facultad de enviar a estos intelectuales a trabajar, pena mayúscula para cualquiera.

Pero no es bueno librarse al cinismo, con todo el que hay suelto ya.

 

Sobre el fondo de la cuestión

El último texto de carta abierta dice, en síntesis, lo siguiente :

 

Un grupo de poderosas empresas comercializadoras de granos de soja y sus derivados han actuado conjuntamente para obligar al gobierno a devaluar el peso.

Estas empresas, alineadas con intereses externos y con grandes grupos internos, supieron provocar profundos cambios en la estructura de producción agrícola, cooptando al pequeño productor y persuadiendo a la clase media de que poseen intereses comunes.

El acto de obligar el gobierno a devaluar atenta contra las políticas democráticas, sociales y plurales del gobierno de Cristina Kirchner, y procura instalar un ajuste como acelerador de una transición hasta un nuevo gobierno.

Se pide una nueva y amplia mobilización, en línea con otras que se han visto en la historia del país, de todos los que están o estuvieron de acuerdo con las políticas de este gobierno, e incluyendo a aquellos que sean capaces de dejar sus parcialidades para concentrarse sobre las disyuntivas mayores, con dos objetivos:

1)    evitar que la devaluación afecte a las clases bajas, mediante la supervisión de precios pactados con los grandes distribuidores. Los efectos de la devaluación sobre el tejido social pueden ser impredecibles y pueden desestabilizar al gobierno, que es un objetivo de estos grupos, aunque indirecto y no reconocido

2)    reclamar de forma audible y visible medidas e instituciones tendientes al manejo estatal del comercio exterior, y el refuerzo del control estatal de otros ámbitos como el sector financiero de capital extranjero. Este paso es inevitable ya que las divisas son necesarias para la continuidad de las políticas sociales del gobierno

 

Librados del ruido retórico, los mensajes parecen perfectamente lógicos y derivan necesariamente de las premisas sentadas.

Hélas, las premisas son falsas.

 

Un grupo de poderosas empresas comercializadoras de granos de soja y sus derivados han actuado conjuntamente para obligar al gobierno a devaluar el peso.

 

Esto equivale a decir que son los supermercados los que, aumentando los precios, generan la inflación. Que son las gotas de agua, al caer, las que generan la lluvia. Que es la pelota, al entrar al arco, la que hace el gol.

El gobierno ha devaluado porque se ha percatado de que no conseguirá los dólares que necesita al precio que ofrece al mercado por ellos. Los actores económicos, todos ellos, inclusive el gobierno, saben que el tipo de cambio oficial no es el de equilibrio, es decir, no refleja la percepción prevaleciente del valor del dólar.

[Tal vez el equilibrio no sea el valor del « blue » o mercado « ilegal », ya que este valor refleja factores que no son necesariamente perdurables (por ejemplo, la propia existencia de restricciones a la compra de dólares); lo que es claro es que el dólar oficial parece barato.]

Cualquier comparación (el índice Big Mac, el precio de una Coca Cola, etc) acude a confirmar esta premisa. Los actores económicos, todos, evitarían de cualquier manera vender los dólares tan baratos. Por ello, en la medida de lo posible, se postergan las exportaciones, para evitar tener que vender dólares a precios que no son reales y que pueden cambiar en poco tiempo.

Reconocer esto sería para el gobierno un enorme esfuerzo.

Significaría tener que admitir que no está en condiciones de obtener dólares a precios de mercado, porque no cuenta con los recursos genuinos suficientes y para hacerlo debería forzar mucho más la maquinita impresora de pesos, lo cual a su vez realimentaría la devaluación. Sería admitir que es el gobierno el que deprecia el peso con una aceleración creciente.

Significaría reconocer que han transcurrido 10 años de recaudación fiscal récord, con un nivel de imposición récord, con un precio de granos récord, sin que el gobierno haya sido capaz de acumular las divisas necesarias para hacer frente a la necesidad estructural de dólares del balance fiscal.

Significa reconocer que esta necesidad estructural de dólares se debe a que el gobierno necesita importar cantidades cada vez mayores de combustible para mantener el equilibrio energético, por falta de inversiones en generación de energía, a pesar de las coloridas y pachangueras inauguraciones por cadena nacional de radio y televisión con bombo, bandera y vincha.

Sería reconocer que la necesidad estructural de dólares se debe también a que el gobierno no puede contar con el mercado financiero externo para renovar las obligaciones emitidas en moneda extranjera (pagando así el precio de la guapeza de Néstor con los acreedores).

Reconocer todo esto sería también admitir que el modelo ha sido incapaz de generar otras fuentes de divisas, que no sean los granos, para poder mantener el equilibrio comercial externo. La mentada matriz diversificada de producción.

Son demasiadas verdades para un gobierno acostumbrado a mentir.

 

Estas empresas, alineadas con intereses externos y con grandes grupos internos, supieron provocar profundos cambios en la estructura de producción agrícola, cooptando al pequeño productor y persuadiendo a la clase media de que poseen intereses comunes.

 

No son los « originadores » (los grandes negociadores de granos) quienes están demorando las exportaciones. Son los productores, grandes y pequeños, que se han dotado de los medios para poder esperar un tipo de cambio más realista para exportar y renovar su stock de capital. Al momento de elegir cucos, es más eficaz optar por aquellos cuyos accionistas imaginamos fumando cigarros en salones de Manhattan, que el pequeño productor que hace las cuentas para ver si puede cambiar la camioneta. Ambas imágenes son falsas: el pequeño productor ha vivido bien y se ha comprado su departamento en Rosario, y el accionista de los grandes grupos son fondos de pensión y compañías de seguros, es decir, millones de personas que ahorran para su futuro.

Es falso también que los intereses de la clase media no tengan nada en común con los de los grandes y pequeños actores del mercado de granos. En nuestro país esos intereses están fuertemente alineados, ya que estos grupos motorizan la casi única actividad que genera un flujo excedentario de divisas. Casi siempre en nuestro país cuando al campo le va bien le va bien a todo el mundo, inclusive al gobierno, que ha ganado dos elecciones gracias a la soja. Digo « casi » siempre, ya que cuando el gobierno se apropia de una parte extremadamente importante de los beneficios y los utiliza para clientelismo y corrupción, esos beneficios no pueden ser reinvertidos en bienes de capital o en mejoras de infrastructura, lo que resulta en desempleo. Está por demás probado que a la Argentina no le alcanza con la soja para garantizar bienestar perdurable a toda la población.

 

El acto de obligar el gobierno a devaluar atenta contra las políticas democráticas, sociales y plurales del gobierno de Cristina Kirchner, y procura instalar un ajuste como acelerador de una transición hasta un nuevo gobierno.

Esto es parte del discurso complotista al que es fácil acudir, y hasta necesario, cuando se trata de evitar responsabilidades por los errores cometidos. Mientras mayores los errores cometidos, mientras más inconfesables, mayor será el tamaño de la confabulación a la que deberá aludirse.

Los actores económicos procuran tomar decisiones económicamente coherentes. Por ejemplo, si sabemos casi con certeza que el dólar estará más caro en el futuro, es coherente esperar para vender sus dólares más adelante. No es necesario querer voltear a un gobierno para tener esta actitud, basta el sentido común. El problema es que la suma de estas actitudes va en contradicción con lo que el gobierno querría, que es poder comprar dólares baratos, y revela la desagradable realidad de que los actores económicos, todos ellos, inclusive el asalariado que quiere proteger sus ahorros, no confían en el peso como moneda de reserva de valor. Se ha saboreado ya suficiente cantidad de vidrio. Esto no tiene nada que ver con querer voltear a un gobierno, y es responsabilidad exclusiva del gobierno mismo, que ha convertido al peso en papel pintado (y pintado con personajes cuya reputación no genera unanimidad).

Lo que le molesta al gobierno es que la sociedad le está diciendo que no le cree más, que los pesos que invaden el mercado pueden comprar cada vez menos bienes y servicios, ya que se reproducen mucho más rápido que los bienes y servicios. A ningún gobierno le gusta recibir este mensaje, y lógicamente lo desestabiliza, ya que un gobierno sin credibilidad tiene muchos problemas para gobernar con eficacia. El gobierno se desestabiliza mintiendo.

Queda el recurso de pedir « patriotismo » : vender dólares barato para el bien de la patria. Pero es allí donde el gobierno ha perdido su crédito y se resquebraja el pacto social. Ayudar al gobierno para llevar a cabo qué políticas sociales? Las que han mantenido en la pobreza a grandes masas y multiplicado y bendecido la proliferación de villas? Las que han permitido la formación una nueva burguesía tan tilinga y antiestética como la que los horrorizaba en los 90? Las que han llevado a dilapidar millares de millones de dólares en corrupción y clientelismo, en vez de construir rutas, centrales eléctricas, puertos, puentes? Dónde están los beneficios de haber recaudado como nunca en este país?

Ayudar a un gobierno para mantener el orden institucional tiene su valor patriótico, pero, puede este gobierno reclamar ayuda en nombre de la institucionalidad? Perdón, es en serio?

Si se trata de institucionalidad, lo mejor que puede hacerse es exigirle al gobierno que lleve a cabo políticas sensatas para poder mantener la estabilidad institucional y económica del país, dentro de las leyes y la Constitución. La primera obligación de institucionalidad, por definición, es del gobierno.

 

Se pide una nueva y amplia mobilización, en línea con otras que se han visto en la historia del país, de todos los que están o estuvieron de acuerdo con las políticas de este gobierno, e incluyendo a aquellos que sean capaces de dejar sus parcialidades para concentrarse sobre las disyuntivas mayores, con dos objetivos:

1)    evitar que la devaluación afecte a las clases bajas, mediante la supervisión de precios pactados con los grandes distribuidores. Los efectos de la devaluación sobre el tejido social pueden ser impredecibles y pueden desestabilizar al gobierno, que es un objetivo de estos grupos, aunque indirecto y no reconocido

 

La política de precios cuidados contiene tanta eficacia para controlar la inflación como la que tiene una línea de postes colocados en la playa a 10 cm unos de otros, para contener un tsunami. Su obsolescencia es tan obvia que estoy convencido de, aún en su improvisación e incompetencia, Kicillof simula creer en lo que hace para crear la ilusión de que no ha generado los males que simula combatir. El eufemismo « cuidados » se ha utilizado para evitar el adjetivo « controlados », probablemente porque éste último define una maniobra que fracasó infinitas veces en el pasado, no sólo en este gobierno bajo la pintoresca prepotencia del pre-Neanderthal Guillermo Moreno, sino en todos los países y civilizaciones. Es parte de la estrategia de externalización de culpas: se hace como si los creadores de la inflación fueran los que tienen la maquinita remarcadora de precios, por lo que basta controlarlos para evitar la inflación. Como saben que los precios no van a quedarse quietos, los responsables se inculparán solos.

[No sostengo que la inflación se genere exclusivamente con emisión monetaria: es necesario ADEMAS alta percepción de riesgo y falta de visibilidad en las variables macroeconómicas, lo cual puede resumirse en falta de condiciones para la inversión productiva; y además, economía cerrada, escasez de divisas, exceso de gasto público improductivo, déficit fiscal, mercado laboral rígido, negociaciones salariales frecuentes y centralizadas, entre otros ingredientes que este gobierno se ha encargado de suministrar en copiosas cantidades.]

 

2)    reclamar de forma audible y visible medidas e instituciones tendientes al manejo estatal del comercio exterior, y el refuerzo del control estatal de otros ámbitos como el sector financiero de capital extranjero. Este paso es inevitable ya que las divisas son necesarias para la continuidad de las políticas sociales del gobierno

 

La única forma de obtener los dólares que el gobierno necesita es estatizar el comercio exterior. Es decir, obligar a los exportadores a venderle la producción al gobierno en pesos, y que el gobierno venda en dólares al extranjero. Como los productores no venderán voluntariamente al gobierno a precios ruines, entonces el gobierno va a obligar a los productores a venderle, confiscando la producción. Y cuando los productores no quieran producir más, entonces se cobrará un impuesto a la tierra ociosa. Y cuando el propietario quiera vender su tierra, se hará una reforma agraria. O se prohibirá la tenencia de dólares y se confiscarán los que se encuentren. O se nacionalizarán las fábricas y los supermercados. Chavez lo hizo, pero no fue el primero, ni será el último.

Un gobierno que lucha contra la realidad no puede más que radicalizarse. Si las medidas de control no funcionan, entonces habrá de establecer más controles, con más límites a los derechos y las libertades. Aquel camino de servidumbre, del que hablaron algunos sabios olvidados.